lunes, 27 de abril de 2015

El Consejo General del Poder Judicial apuesta decididamente por la mediación.



El Consejo General del Poder Judicial apuesta decididamente por un fomento de la mediación y otros medios de resolución pacífica de conflictos como complemento al proceso judicial, “con la finalidad –según ha expresado su presidente, Carlos Lesmes- de procurar una gestión más eficaz, rápida y satisfactoria del mismo y de garantizar el mejor servicio al ciudadano”.

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ ha puesto en valor la mediación intrajudicial ya que “los jueces somos promotores de la paz y somos promotores de la confianza de los ciudadanos en el sistema de Justicia”.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha suscrito esta tarde en la sede del CGPJ convenios de colaboración para el fomento de la mediación intrajudicial con el Ministerio de Justicia y con once de las doce Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia.

En el acto de firma de los convenios han estado presentes además del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés; la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal; y responsables de las Consejerías de Justicia de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra, La Rioja y el País Vasco.

En su intervención, Carlos Lesmes ha resaltado los ejes fundamentales de los convenios suscritos, como son la transmisión de información de los órganos judiciales, la gestión de los recursos personales y materiales, y de manera muy destacada, “la necesidad de formar adecuadamente a todos los colectivos implicados en el proceso de mediación”.

El presidente del TS y del CGPJ ha señalado finalmente que “la firma de estos convenios en materia de mediación es un logro fundamental de todos los intervinientes y un ejemplo claro de la necesidad de colaboración entre todas las instituciones con competencias en materia de Justicia”.

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha destacado el compromiso de las instituciones en potenciar los mecanismos de mediación para agilizar los conflictos, “reduciendo los costes económicos y los costes emocionales” que conlleva cualquier litigio entre personas.

La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, ha resaltado el esfuerzo de diálogo y concertación de todas las Administraciones implicadas en las firmas de estos convenios de mediación con el objetivo de fortalecer el servicio público de Justicia. Ha subrayado la importancia de las soluciones dialogadas en los procesos judiciales, potenciando “la cultura del consenso frente a la cultura del conflicto”.

En nombre de todas las Comunidades Autónomas que han suscrito los convenios, ha intervenido el consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, quien ha incidido en el papel de las Comunidades Autónomas para contribuir a un modelo más ágil, rápido y eficaz de la Administración de Justicia, que facilite al ciudadano la posibilidad de optar por mecanismos dialogados o por mecanismos contradictorios para la solución de sus conflictos.

Los convenios, que podrán prorrogarse anualmente, establecen como obligaciones del CGPJ las de dar a conocer la mediación y otras formas de resolución pacífica de conflictos entre los jueces y magistrados destinados en cada una de las Comunidades Autónomas firmantes, facilitarles información sobre los recursos disponibles en cada territorio y controlar cómo se desarrollan estas actuaciones para proponer las mejoras que considere necesarias.

Por su parte, las Comunidades Autónomas pondrán a disposición de los Juzgados y del público información sobre mediación, procurarán incluir estas formas de resolución de conflictos en el asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso judicial y aportarán, en la medida de lo posible, los espacios adecuados y los medios materiales suficientes para el desarrollo de las sesiones de mediación.

Los convenios también prevén la puesta en marcha de acciones de formación conjunta de los profesionales dependientes de las Comunidades Autónomas y del Consejo General del Poder Judicial.

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