lunes, 20 de mayo de 2019

Abogacía Colaborativa, la nueva abogacía, "el derecho al acuerdo".


El 28 de octubre de 2010 se publicaba un artículo firmado por Manuel Zamora Soria como Abogado Colaborativo en el diario El Día de Ciudad Real. El título era "Los conflictos se pueden y se deben tratar de otro modo". 

 La jura protocolaria de abogados se hace con toga. Manuel Zamora Soria, tercero por la derecha en la foto de la jura con toga

Sello de caucho de Manuel Zamora Soria como abogado colaborativo. 

Programa de la acción formativa

16.15. Presentación de la sesión.16:30.- ¿Qué es el Derecho Colaborativo?
  • Explicación de una nueva metodología para ejercer: una abogacía basada en la negociación, pacificación y cambio social.
  • Principios del Derecho Colaborativo y su práctica.
Ponente: Carmen Aja Ruiz. Abogada colaborativa.
17:00.-  El Cambio de paradigma para la abogacía.
  • Reflexión sobre la filosofía y proceso tradicional en comparación con el colaborativo.
Ponente: Inmaculada Campos Martínez. Abogada Colaborativa.
17:20.- Ser abogada colaborativa.
  • Experiencia en primera persona de lo que conlleva llevar asuntos colaborativos.
Ponente: Alkain Oribe Mendizabal. Abogada Colaborativa.
17:40.- Requisitos, deontología y Colegios de Abogados.
  • ¿Cómo puedo ser un abogado/a colaborativo/a?
  • Formación y grupos de práctica.
Ponente: Susana Sucunza Totoricagüena. Abogada colaborativa.
18:00.- Coloquio.
  • Preguntas y respuestas de asistentes.
18:30.- Final de la sesión.Coordinador: José Manuel González Quintana. Abogado, Consejero del Consejo General de la Abogacía Española.


 Selfie obligado para acreditar presencia en la jornada. 


 Foto de las cuatro ponentes. 
Justificante de la participación en la Conferencia "La nueva abogacía: el derecho al acuerdo".

El pasado 25 de marzo de 2019 pude asistir a la conferencia organizado por el Consejo General de la Abogacía Española titulada: " La nueva Abogacía: el Derecho al acuerdo". 

Hoy es 20 de mayo, han pasado casi dos meses, tomé algunas notas que me gustaría compartir. 

Se agradece al Consejo que incorpore esta materia a las jornadas formativas de los lunes. El Derecho Colaborativo no termina de consolidarse como hemos visto recientemente en el nuevo código deontológico de la abogacía, en el que no se hace mención alguna a su regulación.

Existen ya asociaciones de Derecho Colaborativo como la de Madrid y País Vasco.. Carmen Aja Ruiz en su ponencia explica que los primeros antecedentes de la abogacía colaborativa en España los ubica en 2013 de la mano de Helena Soleto Muñoz

Sobre los antecedentes, he de decir que ya en el año 2010 firmábamos colaboraciones en periódicos y nos anunciábamos como abogados colaborativos. La décimo tercera promoción del curso de Especialistas en Mediación de la Universidad Complutense estuvo a punto de crear la asociación nacional de derecho colaborativo, estamos hablando del año 2011.

Me parece muy adecuado que el Derecho al Acuerdo se localice según la ponente en el artículo 24 de la Constitución Española, coincidimos en el análisis.

Se menciona la frase "un viaje en (re)volución constante", me gusta porque esto efectivamente evoluciona y revoluciona. 

Los elementos de partida también los ubican en la mediación, comparto parcialmente este criterio, pero por algo se empieza.

Se menciona como primer referente en Derecho Colaborativo a Stuart Webb, abogado de Estados Unidos que excluye los juicios de su forma de resolver conflictos de familia. 

Se mencionan estas frases: 

"de abogado protagonista, a abogado actor secundario"
"de ceñirse a los hechos objetivos a intentar gestionar las emociones en juego"
"de buscar la mejor solución técnica a respetar la mejor solución para el cliente"
"de una visión unilateral del conflicto a una mirada integral del conflictos".

Los acuerdos de participación en un procedimiento de Derecho Colaborativo y Contratos conscientes deben ser consultados por cualquier tipo de profesional, la innovación en la prevención de conflictos pasa necesariamente por estos nuevos tipos de contratos.

Estos contenidos eran desconocidos para mi y solo por ello ha merecido la pena asistir a la conferencia. 

Se agradece a todos los ponentes su buena disposición y lo mucho que pudimos aprender. 

En realidad las cuatro ponencias fueron brillantes, se anima a los lectores de este blog a que sigan estas materias y las apoyen. 

Siguen quedando flecos en el aire como si el abogado colaborativo puede compaginar su actividad con la litigación...







 



Acta final de Mediación con acuerdos, o no.


Modelo de Acta final de mediación con acuerdos.

Encararte a un sesión de mediación en la que posiblemente se cierre un acuerdo entre las partes, es una buena noticia, pero hay que estar preparados para todo. 

Hay que llevar el modelo de acta con un esbozo de los posibles acuerdos y también hay que estar preparados para un acta sin acuerdos. No solo eso, puede ser que no acudan las partes o que se emplace para otra sesión, o que se te levanten de la sesión y se vayan sin ningún avance y sin ganas de volver. 

Hace unos días, el 13 de marzo de 2019 hacía una foto al modelo en blanco, estaba casi convencido de que se cerraría la mediación con un acuerdo, faltaban unos flecos por acordar, sin embargo no fue así. 

Ya han pasado dos meses y me impactó la sesión en la que todos los mediados llegaron con opiniones diferentes y abandonaron la mediación, sin más. 

De repente afloraron las inquinas y prefirieron seguir en el litigio que será largo, costoso y más doloroso. 






jueves, 9 de mayo de 2019

El nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española y las palabras mediadora, mediador, colaborativa, colaborativo y Mediación.

El nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española 2019 y las palabras mediadora, mediador, colaborativa, colaborativo y Mediación.


Con esta fecha recibo la circular 31/2019 de mi colegio de abogados (Ciudad Real). Se agradece al Colegio y a su junta directiva el esfuerzo permanente por mantener bien informados a todos sus colegiados. 


El contenido de la circular anuncia que el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española aprobó por unanimidad en su reunión del 6 de marzo de 2019 el nuevo Código Deontológico de la Abogacía regulando en un solo texto actualizado y puesto al día las normas que rigen la actividad profesional. Entra en vigor hoy 8 de mayo.


El jueves 9 de mayo a las 17,00 horas, en el XII Congreso Nacional de la Abogacía Española que se celebra en Valladolid, se realizará el acto de presentación del nuevo Código Deontológico que sustituye al de 2002. 



El Código Deontológico, que incorpora en sus 23 artículos las últimas novedades normativas y corrige las disfunciones observadas desde 2002, es fruto de la participación de todos los consejeros, Consejos Autonómicos y los 83 Colegios de Abogados.



Por último nos facilitan el enlace para acceder al nuevo código:


9.451 Palabras contadas por Word en el Código Deontólogico de la Abogacía Española.  Si 9.451 palabras son  el 100 por 100 de todas las palabras del código, 3 de estas palabras se utilizan 3 veces repetida, con el literal de mediación, lo que representa el  0.0317 por 100 de todo el código. La palabra mediadora, mediador, colaborativa y colaborativo no aparecen ninguna vez mencionadas en el nuevo código. 


Portada del Código Deontológico de la Abogacía Española, en letras blancas sobre fondo verde en formato pdf con el logotipo del Consejo General de la Abogacía Española con letras blancas sobre fondo gris y resultado de búsqueda de la palabra Mediación que aparece tres veces.


La palabra, palabra -no se si es correcto repetir- tiene diversos significados. Si recurrimos al diccionario de la web de la Academia de la Lengua Española, la encontramos en el siguiente enlace: https://dle.rae.es/?id=RUl938s.

A mi se me ocurren rápidamente estas expresiones en las que se juega con un significado diferente: Medir las palabras, juego de palabras, sin palabras, medias palabras, a buen entendedor pocas palabras bastan. También se me viene rápidamente a la imaginación el significado de promesa, dar palabra. 

Todo esto por esperar que el código recogiera las aspiraciones de los abogados mediadores y colaborativos. El Consejo General de la Abogacía Española tiene pendiente la regulación específica de las especialidades en materia de Mediación y de Abogacía colaborativa. El código era un excelente oportunidad para deslindar las cuestiones que pueden verse afectas en la práctica de estas especialidades. 

Los abogados somos expertos en el reconocimiento de la omisión, la imprudencia, el dolo, la imputación objetiva de resultado... para determinar si se subsumen determinados tipos delictivos....

Sin llegar a estos análisis divagatorios podemos analizar lo visible, lo casi anecdótico,  sencillamente contando palabras de una forma ágil, con word, por ejemplo y localizando las palabras en un texto con acrobat, tenemos unos resultados sorprendentes. 

La palabra Mediación aparece tres veces mencionada, y no para la regulación de los conflictos generales, sino para regular los conflictos entre abogados en el seno de sus respectivos colegios (no merece la pena hacer un alarde de la precariedad con la que se lanza al viento esta forma de intervención de los colegios). 

No aparece ni una sola vez la palabra mediadora, mediador, colaborativa ni colaborativo. Se han usado 9.451 palabras en el nuevo código y estas han sido las palabras elegidas para mencionar, de pasada, cuestiones relacionables con la Mediación y con la práctica colaborativa: conciliación, llegar a un acuerdo, transacción, acuerdos extrajudiciales, soluciones alternativas al litigio. También se habla de la posibilidad de solicitar la "colaboración" de otros profesionales, supongo que aquí se podría incardinar la derivación a un abogado mediador o a un abogado colaborativo.  

Después de esta información he leído otra noticia en la que se mencionaba la palabra "desarmarizar". Quizás esté pasando esto, necesitamos declarar que hemos salido del armario y declararnos mediadores y colaborativos, sin que eso suponga ser antilitigantes. 

Me imagino a los redactores del código jugando a "Pasapalabra" llegando a la Eme, se les plantea, sistema de resolver conflictos... uf, pasamos palabra.

Pues eso, esperemos próxima vuelta, a ver si vienen las palabras correctas al código. 







Artículo 12. Relaciones con los clientes. A. Normas generales

1. La relación con el cliente debe fundarse en la recíproca confianza.
Siempre que sea posible deberá intentarse la conciliación de
los intereses en conflicto.



8. Se asesorará y defenderá al cliente con el máximo celo y diligencia asumiéndose personalmente la responsabilidad del trabajo encargado sin perjuicio de las colaboraciones que se recaben. Siempre se deberá intentar encontrar la solución más adecuada al encargo recibido, debiéndose asesorar al cliente en el momento oportuno respecto a la posibilidad y consecuencias de llegar a un acuerdo o de acudir a instrumentos de resolución

alternativa de conflictos.


e. La evolución del asunto encomendado, resoluciones transcendentes, los recursos, las posibilidades de transacción, la conveniencia de acuerdos extrajudiciales o las soluciones alternativas al litigio. En los procedimientos administrativos y judiciales, si el cliente lo requiere y a costa de éste, le proporcionará copia de los diferentes escritos que se presenten o reciban, de las resoluciones judiciales o administrativas que le sean notificadas y de las grabaciones de actuaciones que se hayan producido.

k. La posibilidad de solicitar la colaboración de otro profesional cuando las características o complejidad del asunto lo requiera.




viernes, 5 de abril de 2019

Un regalo inesperado. "Ruanda se reconcilia. Historias de paz y perdón"

El pasado lunes 18 de marzo de 2019, a primera hora recibí una llamada de Beatriz. Beatriz es una persona con la que se puede hablar, no es fácil en las rutinas de trabajo encontrar espacio para el diálogo, ni formas de establecer conversaciones más allá de lo puramente funcional. 

En algún momento anterior, habíamos compartido afinidad por la Mediación en conflictos, y cuando tuvo a su disposición este libro: "Ruanda se reconcilia. Historias de paz y perdón" se acordó de mi. Me llamaba para regalármelo.  

Se debe agradecer que a uno, lo tengan asociado al ámbito de la mediación en conflictos. Ese reconocimiento es un regalo muy valioso. Después de casi diez años identificándome como mediador entre mis conocidos, no es frecuente que te ubiquen en este contexto. 

También se agradece que te regalen el recuerdo de la Historia real que en esta obra se relata y que casualmente se inicia el 6 de abril de 1994, justamente ahora 25 años. 

Recordar las noticias que tuvimos sobre este conflicto, nos lleva a los conocidos que lo vivieron en primera persona. 

Por casualidades de la vida, uno de los misioneros que se quedó en Ruanda tras el inicio de las matanzas, era conocido personal. Después vivimos la angustia de su familia hasta que pudo ser repatriado. Cuando llegó a España, apareció en las portadas de los periódicos abrazado por su madre, persona con la que nuestra familia tenía lazos de amistad.  

No he tenido una noción nítida de los recuerdos que siguieron el inicio del conflicto, no volví a tener curiosidad por esta historia y no fui consciente de las noticias que pudieran llegar sobre la evolución del conflicto. Ahora, de repente, descubro toda esta explosión de Perdón y Reconciliación, y lo que más aporta: entender que estas disciplinas se han convertido en Ciencia, y que son objeto de estudios de especialización en postgrados.

Gracias Beatriz, por este regalo que recomiendo a todos los que quieran adentrarse en los Estudios de Perdón y Reconciliación, todo un descubrimiento. 

Además de las historias personales narradas con una sensibilidad espeluznante, se extrae mucha sabiduría sobre cómo funciona la espiral de la violencia y cómo esta puede llegar a diluirse. 

Me quedo con:
La ilustración sobre cómo funcionan los mecanismos de desconexión moral
  • Culpabilizar a la víctima de ataques previos más graves, justificando nuestra violencia como simple actuación en legítima defensa. 
  • Los agresores suelen desplazar a otros la responsabilidad de los actos cometidos.
El elemento imprescindible para cualquier proceso de perdón:Conocimiento de la verdad. 
  • La verdad es poderosa, tanto cuando permanece silenciada, como cuando se pronuncia en voz alta.
  • Nada puede funcionar como sustituto de la verdad, ni siquiera la justicia.
  • No nos debe extrañar que las víctimas busquen a sus verdugos veinte años después, porque quizá es entonces cuando ha llegado su momento para la verdad.    
Choca frontalmente esta teoría que sostiente que "el tiempo todo lo cura" y con la prescripción de hechos delictivos. En el mundo que vivimos nos encontramos episodios de violencia que no trascienden de lo personal. Los que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia y no han encontrado su verdad, tienen en este libro un referente de por qué es importante descubrirla.  


Portada del libro "Ruanda se reconcilia. Historias de paz y perdón" María Prieto Ursúa - Ángela Ordóñez Carabaño - Pilar Úcar Ventura - José García de Castro Valdés 


http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1994/04/16/033.html
Mención de los misioneros que permanecían en Ruanda durante el conflicto

sábado, 9 de febrero de 2019

"Al corro de la patata" al hilo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del Anteproyecto de Ley de impulso de la Mediación. Febrero de 2019







https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429062869?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DMemoria_de_Analisis_de_Impacto_Normativo_Mediacion.PDF



"Al corro de la patata", al hilo de la MAIN del anteproyecto de Ley de impulso de la Mediación. 

Comentarios a la MEMORIA DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO NORMATIVO que se publica en la web del Ministerio de Justicia, en el que se informa del trámite de Audiencia y del Anteproyecto.

Gracias a la Asociación de Mediadores de Madrid,  que realiza una extraordinaria labor de difusión de los hitos que afectan a la regulación de nuestra actividad mediadora en conflictos,  podemos estar informados y participar. En este caso, en los trámites de Audiencia del Anteproyecto de Ley de impulso de la Mediación.  

Si no fuera por esta asociación y por el interés personal de su presidenta, no habría llegado a conocer el detalle de la MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO, (que tiene hasta siglas, MAIN, supongo que los muy acostumbrados la llamaran "la main". En realidad es algo impuesto por otra ley, antes de "anteproyectar" cualquier otra ley. 

Lo razonable es que los mediadores del registro de Mediadores del Ministerio de Justicia hubiéramos recibo alguna información del Ministerio, conducente a mantenernos informados y, especialmente a invitarnos a participar. Es curioso que se nos mencione en "la main" una y otra vez, se nos cuantifique, pero no se nos haya dicho, ni media palabra, cuando tendremos un interés legítimo en la regulación posterior. En realidad, somos los únicos administrados que mantenemos una especial sujeción a la norma que se intenta impulsar, lo que llama, todavía más, la atención. 

Visto el documento, durante el periodo de audiencia, merece la pena hacer algún comentario para entender: ¿por qué será imposible, que la ley que intenta impulsar la Mediación, la terminará problematizando (cuestionando, para después terminar por analizar profundamente, provocando el estancamiento), en lugar de impulsarla?.

Todo esto, topa con la ilusión, casi pasión, con la que hemos hecho las propuestas de mejora del anteproyecto de impulso de la mediación que intenta la "tridimensionalización" definitiva de la mediación, como sistema habitual y normalizado para gestionar conflictos en nuestra sociedad. Tener un formato 3d de la mediación, no debería necesitar de estos impulsos basados en análisis con premisas erróneas, pero hoy por hoy, es lo que hay. 

Me recuerda esta situación la expresión, que decimos, a veces, "a que sí" (como una muletilla, para dejar sentados criterios, o sencillamente como semilla de respuestas o feedback que los seres vivos necesitamos cuando interactuamos con los demás seres vivios, o para cumplir con la función fática, conativa o de contacto del Lenguaje, que se estudiaba antiguamente. Esta expresión, me lleva a otra, que es una estrofa, decía "achupé, sentadito me quedé",  forma parte de la canción "El corro de la patata"

Inexorablemente, hemos llegado a lo que ya intuíamos, después de echarle un vistazo a "la main". Inconscientemente, las ideas emergen a base de recuerdos, de expresiones, de canciones... La narrativa circular,... no para resolver, sino para enturbiar y retrasar, pero bueno, al tiempo...

Vamos a hacer un breve análisis que no encontramos en la Memoria, es muy básico y con muy pocas palabras. Alguna mención se debería haber hecho para entender el impacto en la economía general y en la del sector. 

Tenemos un sistema "monorresolutorcon concesión monopolística a un sector profesional con una macroconcentración del control, en muy pocas personas, a pesar de la atomización de profesionales. 

Para entender el fenómeno de la concentración, fabularemos cifras. 
El 5 % de los profesionales ostenta el 95% del quantum económico  de los conflictos. 
El 5 % del quantum económico, es para el resto de profesionales, es decir el 95 %, con distintos niveles y subniveles.) 
Es decir:
  • Por cada 100 unidades económicas en litigio, 95 unidades económicas se litigaran por el 5 % de los profesionales.  
  • Por cada 100 unidades económicas en litigio, 5 unidades económicas se litigarán por el 95 % de los profesionales. 
Imaginemos que existen 100 profesionales en el Estado español, pues bien:
  •   5 profesionales gestionarán 95 unidades económicas en litigio.  
  • 95 profesionales gestionarán   5 unidades económicas en litigio.
Cada profesional de cada grupo tocará a: 
  • Del grupo del  5% de profesionales que gestiona el 95 % de los litigios, a 19 unidades económicas. 
  • Del grupo del 95 % de profesionales que gestiona el  5 % de los litigios, a 0,052 unidades económicas.

La diferencia entre las unidades en litigio a las que acceden 5 profesionales con los otros 95 son las siguientes: 
El grupo reducido gestiona el 99,72 % del total, cada año con respecto al grupo numeroso.
El grupo numeroso gestiona el     0,27 % del total, cada año con respecto al grupo reducido. 

¿Se entiende ahora el monopolio?. ¿Realmente creemos que estamos en un mercado de libre competencia, en el que otros operadores aspiran intervenir en el mercado de resolución de conflictos con otro sistema distinto?.

¿Imaginamos intentando acceder con mediación al 0,27 % de coeficiente de participación con el objetivo de hacer descender la litigiosidad en un 30 %, como se menciona en la Memoria?

Las cifras, repetimos son supuestas, para que se entiendan los planteamientos erróneos. 

Obviamente existen estas pirámides invertidas pero con mayor segmentación y dispersidad de datos. Se trata de ilustrar sobre cómo el análisis se ha omitido.  

¿Qué profesionales ostentan los cargos de gobierno de las distintas instituciones, los que quieren liberalizar el mercado o los que quieren mantener este estatus?


Por otro lado, se omiten los costes de oportunidad del Estado de Derecho, de la Administración y de todas las personas, por tener un sistema monorresolutor en manos de un monopolio se pueden cuantificar económicamente, sin embargo no se menciona ni una sola palabra, ni un solo número.

Las obligaciones, derechos e intereses legítimos con su correspondiente cuantificación económica, en litigio, siguen en la bolsa de la pendencia controlada por el sistema monorresolutiva y gestionada por el monopolio. Los beneficios de hacer circular y rotar estos derechos, obligaciones e intereses legítimos por la sociedad española, no se han valorado. 

Las teorías de la  macroeconomía, aplicadas ya desde mediados del siglo pasado a cuestiones de calado social, cuantificaban con detalle económico la realidad del análisis que se hacía para regular legislación que abordaba precariedad existente en sectores económicos de la sociedad. Gracias a la puesta en práctica de esta cuantificación económica se llegó a lo que conocimos como Estado del Bienestar.

Con la "vacatio legis" que tiene la norma propuesta, casi sería mejor impugnar el sistema que se ha elegido para redactarla. Se debería exigir un análisis fundamentado en el conocimiento real de profesionales competentes que analizara realmente del impacto económico de mantener un sistema monoresolutor y monopolizado.

Las mejoras de los mediadores al anteproyecto, no podrán tener un calado en la ley, si el análisis de la ley está hecho con una mirada desenfocada de lo que puede aportar la Mediación. Los beneficios intangibles y no cuantificables que aporta a la sociedad no están plasmados en el análisis.



Cabe cuestionar la verdadera voluntad de los impulsores de la ley, a la luz de la insuficiencia de "la main", de momento podríamos seguir coreando "al corro de la patata..." mientras seguimos girando, todos juntos cogidos de la mano, una y otra vez... pero sin quedarnos "sentaditos"




 Propuestas de Modificción Anteproyecto de Ley de Impuslto de la Mediación de la Asociación de Mediadores de Madrid.

Memoria del Análisis del Impacto Normativo del Anteproyecto de

Propuestas de Modificación del Anteproyecto de Ley de impulso de la Mediación.


Problematizar en la RAE
https://dle.rae.es/?id=UEU8PLU

Problematizar en Google
https://www.google.com/search?q=Problematizar&rlz=1C1AOHY_esES708ES708&oq=Problematizar&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Fuentes del Ministerio de Justicia:

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/actividad-legislativa/normativa/proyectos-real-decreto

comocomen los señores naranjitas y limones
¡Achupé! ¡Achupé!¡Sentadita me quedé!

Al corro de la patata
comeremos ensaladacomo 
comen los señores
naranjitas y limones¡Achupé! ¡Achupé!
¡Sentadita me quedé!

Al corro de la patata
comeremos ensalada
como comen los señores
naranjitas y limones¡Achupé! ¡Achupé!
¡Sentadita me quedé!

Al corro de la patata comeremos ensalada
como comen los señores naranjitas y limones
¡Achupé! ¡Achupé!¡Sentadita me quedé!




domingo, 6 de enero de 2019

Propuestas de mejora y modificaciones al Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación.

Propuestas de mejora y modificaciones al Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación.

Estimados amigos de la Asociación de Mediadores de Madrid:

Os agradezco que me hayáis invitado a participar en la aportación de propuestas de mejora y modificaciones del Anteproyecto de Ley del Impulso de la Mediación.

Siguiendo el Procedimiento indicado:

1.- Marco el texto en negrita que considero debe ser modificado/rectificado y realizo mis aportaciones en otro color debajo de dicho texto.

2.- Indico justo debajo del párrafo que estimo debe ser reconsiderado el motivo por el cual considero que debería ser modificado (en color verde).

3.- Redacto de nuevo dicho párrafo de la manera y de la forma que creo debe figurar en la ley (color azul)

4.- Incluyo  otro artículo en color verde sin olvidar explicar por qué o la motivación en color violeta.

_________________________________________________________________________ 

MINISTERIO DE JUSTICIA

Debería ser una Ley integral y que afectara a varios Ministerios.
Se echan de menos los Ministerios con competencias en Materia de Hacienda; Educación y Formación Profesional; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social;
Presidencia del Gobierno, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Asuntos Sociales; Industria, Comercio y Turismo; Política y Función Pública; Transición Ecológica; Cultura y Deportes; Economía y Empresas; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; y Ciencia, Innovación y Universidades.  

ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPULSO DE LA MEDIACIÓN

El motivo por el cual considero que debería ser modificado este texto marcado en Negrita es porque resulta incoherente, inadecuado y sin cohesión. Llamar a una nueva ley, impulsora de otra anterior, es admitir un déficit normativizador, sin garantías de que se vuelva a producir nuevas carencias, como así parece que va a ocurrir, sencillamente observando el plazo previsto de entrada en vigor. 

Lo que parece que sugiere, es que se Impulsa la imprecisión latente en el desarrollo reglamentario existente y en la falta de compromiso del Estado con esta norma de obligado cumplimento para los Estados Miembros de la Unión Europea. La falta de compromiso, se verifica en la inexistencia de presupuesto, no existen partidas presupuestarias ejecutables y que presuponga comprometidos de gastos, con lo que seguimos en los puntos de partida, analizando la prospectiva de una Directiva y volviendo a la misma técnica de lanzar al futuro cábalas.  

Si se pretende impulsar la Mediación, sería tan sencillo como actualizar el contenido de la Trasposición sin omisiones de la Administración Pública. Los mandatos de la Ley de Mediación estaban redactados de forma imprecisa y elíptica, lo que permitía omitir actuaciones que conllevaran gasto.

Se observa un uso del lenguaje orientado más a los buenos deseos, que al compromiso de ejecución de presupuestos que los haga posibles.  

Se propone el siguiente nombre de la Ley:  

Ley de Concreción de Medidas presupuestarias de la Mediación en Conflictos para su visibilidad; reforzamiento y potenciación; definición del mercado de servicios de mediación y regulación de sus operadores; actualización y unificación de criterios de aplicación para su incorporación en los sistemas  de gestión procesal de los órganos judiciales.

Concreción ilustra sobre la plasmación de asuntos precisos que se quedaron sin plasmar en la anterior legislación.
Reforzamiento y potenciación, ilustra sobre el nuevo esfuerzo sin desmerecer el que se hiciera en el pasado, sin evaluar su eficacia. 
Definición del mercado se servicios de mediación y regulación de sus operadores, viene a establecer la mediación como un servicio que puede operar en el mercado de servicios de forma autónoma y precisando su existencia para que pueda existir un verdadero tráfico de estos servicios en el mercado, como ocurre con el resto de servicios que abordan los litigios de la forma más confrontativa. 
Unificación de criterios, para entender que las distintas soluciones a la expansión de este sistema de resolver conflictos pasan por un análisis preciso del problema y que la ley soluciona definitivamente esta falta

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que incorporó al  ordenamiento español la Directiva 2008/52/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, así como el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, nacieron con la vocación decidida de asentar en nuestro país la mediación como instrumento de autocomposición eficaz de controversias surgidas entre sujetos de Derecho privado en el ámbito de sus relaciones de derecho disponible.

El motivo por el cual considero que debería ser modificado este texto, es porque: de la lectura de las normas citadas no se desprenden estas consideraciones de "vocación decidida de asentar en nuestro país la mediación...". En realidad se hizo una transposición de una Directiva y se usó el Real Decreto para no ser sancionados por agotar casi la totalidad el plazo, tal y como se menciona en la propia Ley 5/2012. Alardear ahora en una nueva Ley, de que nuestro legislador pudo tener una "vocación decidida de asentar en nuestro país  la mediación como instrumento..." no se ajusta a la realidad. 

Se sugieren citas expresas y literales del Preámbulo de la norma que se pretenden impulsar. De por si, hacer una Ley que pretenda impulsar las medidas recogidas en otra, ya nos hace entender la ineficacia de la anterior. Las menciones del Preámbulo que trasladaría a la nueva norma sería:  

nacieron bajo el preámbulo de destacar las funciones esenciales del Estado de Derecho de garantizar la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. Esta función implicaba el reto de la implantación de una justicia de calidad capaz de resolver los diversos conflictos que surgen en una sociedad moderna y, a la vez, compleja.

Esta alusión a esta primera parte del Preámbulo conecta con el artículo 24 de la Constitución en el que se consagra el principio de Tutela Judicial Efectiva. La accesibilidad a la Mediación es un Derecho Fundamental encuadrado en el artículo 24 de nuestra Constitución. La propia Ley, y el Poder Judicial, mantienen un criterio nítido sobre la interpretación de este Derecho de acceso y, cómo no se puede configurar un Derecho que en algunos asuntos, es accesible y en otros no, en función de la existencia de protocolos de aplicación, lo que atenta a otros Derechos Fundamentales como el de Igualdad. Un ciudadano en determinado juzgado podrá acceder al despliegue de todos los Derechos Fundamentales que le asisten en un conflicto, y en otro juzgado no. O lo que es peor, un ciudadano podría ver cómo el mismo asunto en distintos sitios se tramita de distinta manera dentro del mismo Estado de Derecho. La Mediación no puede seguir siendo ignorada, no pueden existir pleitos que hayan desconocido la mediación, lo que no indica que deba prescribirse obligatoriamente, ni de forma "mitigada" la sesión informativa.  

A través de esta herramienta el legislador apostó por proporcionar a los ciudadanos un mecanismo alternativo a la jurisdicción para solucionar sus contiendas que se caracterizaría por la flexibilidad de sus trámites, la agilidad procedimental y los menores costes económicos y personales para los interesados. Al mismo tiempo, la eficacia de este tipo de sistemas alternativos de resolución de conflictos, actuaría como expectativa coadyuvante para reducir los altos niveles de litigiosidad que actualmente España ostenta contribuyendo a concebir los órganos de la Administración de Justicia como un recurso subsidiario para la resolución de los litigios.

agilidad procedimiental: Las referencias a la agilidad procedimental están sacadas de un ideario, no de la realidad procesal de un juzgado en los procedimientos. Se deben eliminar las afirmaciones desiderativas que no están contrastadas y que no son reales

reducir los altos niveles de litigiosidad: Esta información que continuamente se traslada como el principal beneficio de la Mediación no está basada en datos estadísticos. No es real que la Mediación, aunque se utilice vaya a reducir los niveles de litigiosidad, ni este es su objetivo. La Mediación debe ser regulada porque es un Derecho Integrante del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, no puede haber ningún ciudadano que haya accedido a un pleito desconociendo esta institución. Las consecuencias del acceso a la Mediación y cómo evoluciona este acceso a este Derecho, se irán conociendo. Hoy por hoy, la Mediación en los juzgados genera más trabajo e incrementa la pendencia. Genera otros beneficios, pero no podemos predecir la reducción de la litigiosidad hasta que no se haya concebido un sistema que incorpore el acceso al Derecho a la Mediación en un pleito. Sería recomendable que la nueva ley dejara de alimentar esta falacia. Por otra parte, para algunos colectivos que se lucran fundamentalmente del litigio, pensar que se reducen sus expectativas de negocio les produce mantener posición de obstrucción a la Mediación. 

No obstante, desde la entrada en vigor de la ley, el 27 de julio de 2012, no se ha conseguido desarrollar la potencialidad augurada desde su gestación. En este sentido son de destacar las apreciaciones del Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE, de 26 de agosto de 2016, pues constituye un documento de indudable valor por sistematizar el estudio de los cuestionarios emitidos por operadores jurídicos de todos  los Estados Miembros y que viene en términos generales a evidenciar determinadas dificultades en relación con el funcionamiento de los sistemas nacionales de mediación en la práctica, particularmente relacionadas con la falta de una «cultura» de la mediación en los Estados miembros. Resulta también de especial interés el análisis efectuado por la Comisión Europea de las medidas utilizadas en otros Estados miembros para el fomento de la mediación, del que resulta cómo las legislaciones nacionales basculan entre la aplicación de mecanismos de incentivación y estímulo fiscal a las partes que recurren a la mediación, y mecanismos sancionadores para supuestos de rechazo injustificado a la misma. La Comisión concluye recomendando a los Estados Miembros intensificar sus esfuerzos por fomentar y alentar el recurso a la mediación, petición que hizo suya el Parlamento Europeo en su Resolución de 12 de septiembre de 2017, sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE.


 Sistemas nacionales de mediación. 
En la mención a los sistemas nacionales de España, se debería expresar la parálisis que sufrieron los servicios de mediación públicos dependientes de las Comunidades Autónomas y con modelos de desarrollo restrictivo y cerrado, no expansivo como cabría esperar. Y la inexistencia de un sistema en el que se vislumbrara un mercado de servicios de mediación. La experiencia española ha sido de retroceso desde la entrada en vigor del reglamento, algo no puede estar asociado a la falta de cultura, y si a un muro invisible, construido por los titulares del monopolio del conflicto y poseedores de la cultura remediadora a través del enfrentamiento de las partes. 


Actualmente, la mediación en España se encuentra obstaculizada por una cultura ajena a esta forma particular de resolución de conflictos intersubjetivos. Continúa siendo una institución desconocida que no ha conseguido demostrar su operatividad. Por todo ello, se ha considerado que dicho proceso podría experimentar un significativo impulso a través de medidas legislativas de índole procesal sin olvidar que una labor de concienciación y de formación de todos los actores involucrados en este ámbito puede ser una solución eficaz a largo plazo.

la mediación en España se encuentra obstaculizada por una cultura ajena a esta forma particular de resolución de conflictos intersubjetivos.

La mediación en España se encuentra obstaculizada por los titulares del monopolio de la resolución de conflictos (abogados y procuradores) y por la incompetencia de nuestra Administración Pública para romper el monopolio y generar un verdadero mercado de servicios de resolución de conflictos en el que las Mediaciones sean objeto de un contenido económico de interés para el tráfico y participación en ese mercado.

Los Mediadores deben poder aspirar a ofrecer estos servicios y ejercer esta actividad económica como cualquier otro operador del mercado existente en esta actividad económica. Se debe crear un CNO y un CNAE atribuido a los mediadores exclusivamente. Debe existir un sindicato o varios de mediadores, Organizaciones empresariales de servicios de mediación. Categoría profesional de mediador en todos los convenios colectivos de cualquier sector económico. El contenido sobre Mediación debe estar presente en las oposiciones de acceso a la Función Pública, especialmente en las de Auxilio Judicial, Tramitador Procesal, Gestor Procesal, Letrado de la Administración de Justicia, Fiscal, Juez.

II

 La Ley se estructura en tres artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, y dos disposiciones finales.

El objetivo perseguido es articular formulas abiertas y flexibles que contribuyan decididamente a implantar la mediación como institución complementaria de la Administración de Justicia y a incrementar su difusión y presencia en el desenvolvimiento ordinario de las relaciones jurídicas entre particulares. Para ello se aborda la reforma desde varios frentes normativos, como son la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 

El objetivo que se debe perseguir es el acceso de todos los ciudadanos al Derecho Fundamental de la Mediación, no deben existir ciudadanos con controversias con otros ciudadanos, desconociendo que tiene el Derecho a una Mediación como expresión de la tutela judicial efectiva en la defensa de sus derechos e intereses legítimos como reza el artículo 24 de nuestra Constitución.

La Mediación no es una institución complementaria de la Administración de Justicia, la Mediación es un Derecho de los ciudadanos y de las personas jurídicas y también es una obligación para nuestra Administración Pública de aplicar su competencia para que este derecho sea accesible. También se debe configurar como una competencia transversal contenida en todos los ámbitos de la vida social de un Estado de Derecho, especialmente en sus relaciones con los administrados. 

En cuanto a la técnica normativa empleada, se procura la simplificación efectuando las necesarias adaptaciones sistemáticas allí donde la particularidad de la cuestión procesal planteada lo requiere.

Una ley dirigida a facilitar a "todas las personas" (así empieza el artículo 24 de la Constitución) el acceso a un Derecho, si expresa la técnica normativa empleada, debería empezar explicando el significado de "técnica normativa". 

Expresar el deseo de simplificación normativo, será entendido por los juristas que se consideran perjudicados por la incorporación de la Mediación, como rival de sus actividades como una justificación, como una disculpa. 

Los no profesionales, a saber lo que puedan interpretar sobre este párrafo que a todas luces recuerda aforismos también utilizados en derecho "excusa no pedida acusación manifiesta". 

¿Por qué hace falta excusarse de la nimiedad de las reformas legales en un sistema en el que proliferan normas a diestro y siniestro? ¿es esto reconocer que el legislador y el gobernante finalmente, van a ser acusados de romper el monopolio del conflicto?.

Pues suena a esto, a disculpa y justificación, que finalmente quedará tan enmarañada y aplazada que se verá inoperativa, con lo cual es una falsa disculpa, porque en el fondo no se pretende llegar a nada que haga perder el control sobre el monopolio.

Se utiliza para la redacción de esta norma el apoyo de Especialistas en Mediación y del ámbito pedagógico, que no proceden del ámbito jurídico, para que su contenido sea entendido por todas las personas. Se intenta trasladar contenidos normativos, que a su vez sean instrumento de formación y difusión del sistema de resolver problemas usando la Mediación.
Cualquier persona, y cualquier profesional ajeno a profesiones jurídicas, que se dedique a la Mediación en exclusiva, o como contenido transversal de su ocupación, deberá poder entender con su lectura el contenido de la norma y las finalidades que se persiguen, especialmente las formas de hacer factible la intervención en la Mediación. No se puede dejar dudas de los medios económicos, normativos, educativos y facilitadores de la creación del mercado de la Mediación. Inadmisible que el texto ofrezca dudas de interpretación incluso para los juristas y que su entendimiento ya de por si, sea una carga de trabajo para los profesionales a los que se le impone la carga de sobrellevar nuevos requisitos de acceso a la Justicia. 

Los criterios seguidos se han basado en los principios de la buena regulación, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia al afrontar la reforma, una vez analizadas las alternativas y comprobado el escaso nivel de implantación de la mediación alcanzado a partir de la vigente Ley 5/2012. Para ello se ha  optado por la mínima reforma de la actual normativa, evitando la dispersión en aras de la simplificación. De este modo, la reforma incide particularmente en la ley especial evitando cargar en exceso la norma procesal general. Asimismo, se han tenido presentes los principios de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, y de seguridad jurídica, ya que se realiza con el ánimo de mantener el marco normativo estable, predecible, integrado y claro de la ley vigente.

Principios de buena regulación, resulta chocante que se exprese esta jactancia en una norma, presumir de buena regulación, es el anunció de esta carencia.

Principio de necesidad y eficacia abordados como si la reforma fuera un perjuicio para  alguien.

La propia Ley podría hacer un inventario de alternativas y dejar consignadas las razones por las que se eligen unas, y otras se descartan o se posponen.  Curiosamente solo se ofrecen dos modelos sobre los que “bascula” el impulso, cuando en realidad hay muchos más.

Que la reforma incida en la ley especial, evitando cargar en exceso la norma procesal general, es una justificación del poco merecimiento que tiene la Mediación. Tranquilos se han de quedar los que pudieran estar preocupados con los cambios normativos que beneficien de alguna manera la gestión de la Mediación, como si no estuviéramos acostumbrados a grandes reformas legislativas.

Tener presentes los principios de proporcionalidad para conseguir una regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, es como argumentar la respuesta exoneradora de responsabilidad, a quien agrede algún bien jurídico protegido. Es decir, se usa la misma terminología que se trataría, para exculpar a quien se defiende con una agresión física. Vamos, que agredir al sistema jurídico español con Mediación está justificado porque se hace proporcionalmente y en estado de necesidad.

Seguridad Jurídica en un ley impulsora de otra ley, si es ley, se le presume esta seguridad, y por supuesto mencionar el ánimo de mantener el marco normativo estable, predecible, integrado y claro de la ley vigente, es un mensaje tranquilizador para los que consideran la Mediación un elemento perturbador, y casi agresor de los intereses económicos en la llevanza de los asuntos judiciales.

Realmente resulta inadecuado que se puedan contener estas expresiones en una Ley y mucho menos cuando se pretende impulsar que la aptitud mediadora esté integrada en los sistemas judiciales como una competencia transversal y como un Derecho de todas las personas.

Los criterios seguidos se han basado en las aportaciones realizadas por los profesionales de Administración de Justicia, del Poder Judicial, de la Mediación y de los usuarios de este sistema. Las reformas abordadas armonizarán un sistema fiable que permita garantizar a los ciudadanos su Derecho a la Mediación en la resolución de controversias, en procesos judiciales y al margen de estos.

Pareciera que hay que disculparse, por intentar regular el acceso a un derecho, debería ser todo lo contrario. El lector que se hubiera estado oponiendo al desarrollo de la mediación, debería avergonzarse al entender que su actitud no tiene ya cómplices en la legislación. La ambigüedad y la falta de precisión en las normas no puede ser el muro invisible que se construye, para que la Mediación no se pueda desarrollar.

En cuanto al principio de transparencia, la ley ha sido sometida a los trámites de consulta pública establecido del artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y sometido al trámite de audiencia e información pública contenido en el artículo 26.6 de la misma ley al afectar a los derechos e intereses legítimos de las personas

Resulta llamativo que los Mediadores del Ministerio de Justicia no hayamos recibido peticiones de opinión, ni copia del Anteproyecto. Que el propio Ministerio tenga una base de datos con todos los mediadores acreditados y que no hayamos recibido ni una simple notificación de absolutamente nada desde nuestra respectivas altas, denota una falta de interés en el colectivo. Nos ha quedado este recurso de la Asociación de Mediadores de Madrid que se ha preocupado de difundir el anteproyecto para construir  con un sistema colaborativo propuestas de mejora.

III


El artículo primero modifica el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para introducir la mediación como prestación incluida en el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Esta modificación es precisa en coherencia con el objetivo perseguido por la reforma en cuanto apuesta por la resolución de los conflictos mediante la mediación, mediante la intervención del mediador cuando las partes opten por la mediación para la resolución del conflicto o cuando la misma sea presupuesto procesal para la admisión de la demanda o resulte de la derivación judicial. 

Pareciera que se dan tres opciones, que en el articulado específico son dos.
Opten por:

1. La mediación para la resolución del conflicto, 
2. La mediación sea presupuesto procesal para la admisión de la demanda.
3. La mediación resulte de la derivación judicial.

La primera se ha quedado fuera .  

Expresamente se mencionará:

 "11. La intervención del mediador cuando la misma sea presupuesto procesal para la admisión de la demanda (opción dos de la exposición de motivos) o resulte de la derivación judicial (opción tres de la exposición de motivos)"

Se regulará la creación del Consejo Superior de Colegios de Mediadores para que por cada circunscripción pueda existir, al menos un Colegio de Mediadores que garantice el servicio público que pueda ofrecer Mediadores para todos los solicitantes de su derecho de asistencia gratuita.

IV

El artículo segundo modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, mediante diecisiete apartados.

Las modificaciones propuestas responden al deseo de impulsar el uso de la mediación para la resolución de los conflictos, de manera que se opta por superar el vigente modelo de mediación basado en el carácter exclusivamente voluntario de la misma, por otro comúnmente denominado de “obligatoriedad mitigada”, que configura como obligación de las partes un intento de mediación previa a la interposición de determinadas demandas (las materias concretas donde se establece esta obligación se recogen en la Ley 5/2012, de 6 de julio), o bien cuando el tribunal en el seno de un proceso considere conveniente que las partes acudan a esta figura. En ambos casos la finalidad es la de lograr una solución más ágil y efectiva. 

Optar por superar el vigente modelo, como si se hubiera configurado un sistema que permitiera el acceso, es muy pretencioso. Se pretende poner el foco en una falacia argumental. No ha existido un modelo de desarrollo de la Mediación, y además se han construido barreras invisibles que hacían imposible su crecimiento como actividad económica de prestación de servicios, porque colisionaba frontalmente con otro modelo de prestación de servicios, aglutinado en profesionales asentados en la llevanza de los mismos.

Por lo tanto no hay que superar un modelo, hay que construir un modelo, que permita el desarrollo de la actividad, para que exista una verdadera competencia en la prestación de servicios en materia de resolución de conflictos con sistemas confrontativos tradicionales y con mediación.

No hay opciones en los principios de la Mediación, la voluntariedad no se puede modular, ni mitigar. Si eres libre, lo eres, si te obligan a aceptar algo, como un requisito, será otra cosa, pero no mediación.

Lo que si se puede es, mitigar el asunto judicial, en el que podría terminar una mediación sin acuerdo o intentada voluntariamente. 

Se debería diseñar Procedimientos Judiciales Mitigables para los intervinientes que hayan intentado la mediación previa, que la soliciten en la demanda o contestando a la demanda o creando Piezas separadas de mitigación del proceso por derivación a mediación. 

Se debe recurrir, no al castigo de celebrar una sesión informativa de mediación, para demandar después, sino al procedimiento abreviado con beneficios procesales por incorporar la mediación. 

El abogado que solicita una derivación a mediación previa a los efectos de la demanda, deberá obtener el beneficio para su cliente de acortar plazos y costas procesales, a cambio de intentar una solución de menor elaboración y complejidad en su práxis profesional. 

 En relación con la mediación extrajudicial, o previa a la interposición de la demanda, se trata de que en determinadas materias y procesos se haga preciso que las partes reciban del mediador información clara y precisa de la naturaleza de la institución, de la estructura del procedimiento y de los beneficios frente a la vía judicial. En este sentido, y pudiendo celebrarse en un mismo acto, deberá tener lugar una sesión informativa y una sesión exploratoria del conflicto.

Configurar una Mediación extrajudicial previa a al interposición de la demanda, y obligar a asistir a una sesión informativa y una sesión exploratoria del conflicto, constituye un elemento coactivo que constriñe la libertad de las partes. La   espontaneidad de las afecciones y emociones, se neutraliza, evitando que surjan las posibilidades de trabajar con las partes emocionales del conflicto. 

Por otro lado, se producen situaciones confusas que alejan las posibilidades de encontrar acuerdos, en la sesión exploratoria del conflicto se pueden detectar asuntos y aspectos del conflicto que no son los que se manejan en la demanda, que tiene previsto interponer o/y contestar. ¿Cómo se ventila el conocimiento de la exploración del conflicto y el deber de confidencialidad con los letrados de las partes? En la Mediación se trabaja con los conflictos subyacentes y con los manifestados expresamente por las partes, no existe un paralelismo entre ambos. Por lo tanto no pueden formar parte de un proceso secuencial, cuando podrían discurrir en paralelo y a mucha distancia del proceso judicial.

Siguiendo esta lógica, lo razonable sería que el abogado solicitara la mediación al juzgado, como premisa previa a la demanda de derechos de disponibilidad de las partes, sin mayores análisis y reflexiones. 

Una vez realizada la sesión informativa y si fuera aceptada la mediación, se podría realizar en un segundo acto la sesión exploratoria para calificar la materia del conflicto. 

A luz del resultado de la sesión informativa, de la aceptación o no de la mediación, y del resultado de la misma, con acuerdo o sin éste, se formalizaría la demanda detallada. 

El abogado y/o procurador deberían poder solicitar mediaciones por Lexnet al juzgado competente por razón de la residencia de los mediados. Se registraría este asunto con un NIG al que se le asignaría un tipo de procedimiento WSolicitud de Mediación en Demanda de Derechos Disponibles”, incoándose con un número de procedimiento. El resultado de la sesión informativa, asistencia o no de las partes, sesión exploratoria o no, aceptación de la mediación o no y llegado el caso, acuerdo o no, se remitiría por los mediadores por Lexnet al juzgado solicitante. 

Se hace necesaria el alta del colectivo de mediadores en Lexnet para recibir peticiones de mediación del juzgado y para remitir la documentación relativa a los asuntos de los que se han abierto solicitudes de mediación. 

De no prosperar la mediación, los abogados interpondrían las demandas por Lexnet consignando el asunto de origen, designando ya el tipo de procedimiento y la materia específica. Incoándose un nuevo procedimiento que tendría asociado en el asunto la solicitud de mediación y su resultado. 

Esta información constituye indicios de la buena fe de las partes y su ánimo resolutivo y colaborativo que aportan a la resolución de la Jurisdicción Civil, lo que debe reportar una ventaja dilucidadora, que no se obtendría si no hubiera existido el intento de mediación. 

En relación con la mediación extrajudicial, o previa a la interposición de la demanda, se trata de que en determinadas materias y procesos se haga preciso que se formule solicitud de mediación al juzgado, para que este reenvíe convocatoria al mediador y a los intervinientes.  

Las partes recibirán del mediador, información clara y precisa de la naturaleza de la institución, de la estructura del procedimiento y de los beneficios frente a la vía judicial. En este sentido, y si las partes aceptaran la sesión exploratoria  y pudiendo celebrarse en un mismo acto, tendría lugar una sesión informativa y una sesión exploratoria del conflicto. 

Tras la sesión informativa, el mediador informará al juzgado de la asistencia o no de las partes. Si asisten las partes en litigio, informará si han aceptado la sesión exploratoria o no. Si la han aceptado, la sesión exploratoria, si han confirmado el acta de constitución de la mediación.

Si el informe del mediador fuera negativo y no hubiera sido posible la mediación, las partes podrán interponer la demanda en un plazo de máximo de seis tres meses mencionando el número de asunto y el procedimiento de Solicitud de Mediación habilitado. 

De esta forma, evitamos la obligatoriedad y el conflicto de intereses entre los profesionales litigantes y profesionales mediadores, al no poder encargar o derivar la mediación a profesionales de su esfera de influencia. Por otro lado no supone modificación legislativa sino, añadir un tipo de procedimiento inocuo para los fines litigantes, pero que de prosperar evitaría un posterior procedimiento confrontativo

Esta obligación se constituye como un presupuesto procesal necesario para acceder a la vía judicial, pero no supone una obligación de someterse a todo un proceso de mediación o de consensuar un acuerdo que ponga fin al litigio (lo que no se compadecería con el principio de voluntariedad en el que se sustenta la institución), sino únicamente de haber sido informado de la existencia y ventajas de esta importante figura, así como una primera sesión exploratoria del conflicto. Además, esta obligación no afecta al derecho a la tutela judicial efectiva, pues se configura como un trámite de carácter previo

Esta obligación no afecta al derecho a la tutela judicial efectiva, pues se configura como un trámite de carácter previo. Esta afirmación es parcialmente cierta. La realidad es que imponer una obligación a una cuestión fundamentada en la libertad y voluntariedad de la que emana la espontaneidad de las emociones, afecciones y actitudes en un conflicto, no es precisamente tutelar judicialmente con efectividad. Más allá de la interpretación de si la Mediación se configura, o no, como un derecho incardinado en la Justicia y por lo tanto dentro del Derecho a la tutela judicial efectiva, no parecer que resulte de utilidad al juzgador, que las demandas vengan acompañadas con el requisito obligatorio de la sesión informativa y de la sesión exploratoria. Al sentenciador le interesará conocer el contenido de estas actas de una mediación intentada, cuando se ha hecho previamente a la demanda, sin tener certeza de si un mediador turnado, ajeno a la esfera de influencia de los abogados, ha explicado convenientemente el proceso.  

No hay ningún razonamiento lógico que implique el sacrificio de dos de los principios inspiradores de la mediación en pro del conocimiento y profusión de su uso, haciendo obligatoria la sesión informativa. 

Entre el rechazo que producirá por su ineficacia resolutiva con el contenido coactivo y el muro de invisibilidad que se ha construido para que no se desarrolle la mediación, es preferible quedarse con lo segundo.

Queda en todo caso garantizado el acceso a la vía judicial, si no se llegara a acordar el inicio de la mediación, de forma que los tribunales sólo se tengan que ocupar de aquellos conflictos que no hayan podido ser solucionados de otra forma. 

Se presupone un curso lógico y secuencial en el razonamiento, cuando en realidad se generará mayor carga de trabajo y mayor flujo de trámites en los procedimientos judiciales. 

El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva no se cuestiona por el acceso, o no a la vía judicial, que en todo momento está accesible sin ninguna traba. Este Derecho de acceso se ve afectado por un requisito impuesto que incrementa los trámites con la única finalidad de eludir un procedimiento, lo que en alguna medida es retorcer el Derecho de acceso a la justicia. Esta es la verdadera secuencia del razonamiento, con la finalidad de reducir asuntos te impongo un sistema alternativo. Esto sería válido si este sistema alternativo no estuviera basado en la voluntariedad y libertad, es tan obvio que no necesita mayores aclaraciones. 

Si verdaderamente se quiere tutelar el acceso a una justicia útil se deberían mitigar los procedimientos, por usar la palabra que han utilizado para la mediación mitigada. Es decir, el que acredite intenciones de mediar sin conflictos de intereses agilizadores de requisitos previos que obtenga un justicia más clara, nítida, directa, abreviada y abierta en todo momento a la colaboración de las partes, hablando de los derechos que compartirán durante buena parte de las vidas de las personas en litigio.  

Por consiguiente, esta medida se compadece con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en Sentencia de 14 de junio de 2017, Menini, asunto C- 75/16, señala que el Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional conforme a la cual, en determinados litigios, el recurso a un procedimiento de mediación constituye un requisito de admisibilidad de la demanda judicial, siempre que tal exigencia no impida que las partes ejerzan su derecho de acceso al sistema judicial.

 La Sentencia mencionada habla de los derechos del consumo para los que existen mecanismos alternativos establecidos con órganos públicos y con una larga tradición. Establecer vinculaciones entre las materias abordadas en esta ley y los derechos del consumidor parece un ejercicio arriesgado que los especialistas a los que va dirigido este argumento no se observará como razonable. 

El requisito de admisibilidad en materia de mediación de consumo cuando el bien consumido está afectado por cláusulas que obligan a esto, no parece en nada parecido, a cuestiones sobre derechos personales y patrimoniales, que afectan a las personas de una forma novedosa. 

Digamos que, para quien le surja un problema sobre derechos, de los que puede disponer, se le carga un requisito más, que se traducirá en un coste añadido más, sin que esto tenga la certeza de que vaya a ser de utilidad. No parece muy razonable que la forma de conocer la mediación, sea a costa de imponerla la obligación de pagarla cuando la necesite por primera vez, y cada vez que quiera resolver un conflicto vía judicial. 

La jurisprudencia mencionada en modo alguno sirve para ilustrar y tranquilizar a los defensores de la mediación, sin más añadidos que libre y voluntaria

En cuanto a la mediación intrajudicial, la misma tendrá lugar cuando el tribunal, una vez analizado el caso, se encuentre en condiciones de conocer el sustrato del litigio y de su carácter mediable y siempre que no se hubiera intentado con carácter previo al procedimiento.

Este anteproyecto, es una oportunidad para dejar establecidos los sistemas de derivación en nuestro ordenamiento. La Mediación en un procedimiento debe estar presente de una forma transversal y de una forma específica. 

Del texto anterior se deduce la imprecisión en la que se queda la derivación, sin establecer los momentos procesales en los que se puede analizar el caso, ni cuando se encuentra en condiciones de conocer el sustrato del litigio y su carácter mediable. 

Deberían existir unos requisitos en los sistemas de notificaciones de los profesionales. En Lexnet, al igual que se consigna la materia del litigio y el tipo de procedimiento y órgano de destino, se debería consignar si el asunto es mediable o no, bajo la óptica del abogado y/o profesional. 

Ya se ha mencionado que se debería poder instar una mediación extrajudicial al juzgado para que se turnara, por lo que deberían existir procedimientos de solicitud de mediación en Lexnet como un tipo de procedimiento más.  

Al incoar los procedimientos en los Sistemas de Gestión Procesal los tramitadores, Gestores Procesales y Letrados de la Administración de Justicia, ya podrían consignar las valoraciones de utilidad que fueran catalogando el asunto susceptible de mediación. 

Se deberían poder crear piezas separadas de mediación para los asuntos que reunieran los requisitos para su derivación, al margen del procedimiento principal, notificando a los mediadores por lexnet

Como novedad destacada, se introduce un nuevo Capítulo IX al Título I del Libro II que llevará por rúbrica “De la mediación por derivación judicial”, que incluye dos nuevos artículos: 398 bis y 398 ter, relativos, respectivamente, a la derivación a un procedimiento de mediación durante la primera instancia y durante la segunda instancia de los procesos declarativos. Sin embargo, en el ámbito de la ejecución, sin perjuicio de que las partes puedan acudir a ella si así lo desean, se ha descartado regular una derivación a mediación equivalente a la que opera en el ámbito del proceso declarativo, al no considerarse proporcionada, con carácter general, cuando ya existe una decisión judicial que ha resuelto el conflicto; si bien se mantiene, por su impacto social, en algunos supuestos de ejecución hipotecaria, así como en la ejecución de procesos de familia.

En este ámbito procesal se adoptan diversas medidas llamadas a mejorar el tratamiento a la mediación, entre las que se incluyen las modificaciones introducidas en el régimen de las costas procesales, las destinadas para proteger la confidencialidad de los actos y documentos que formen parte de la negociación, así como la posibilidad de adoptar medidas cautelares cuando exista pacto, proceso o un acuerdo de mediación. 

La novedad destacada con la rúbrica “De la mediación por derivación judicial” se comentará en sus artículos desarrollados en el anteproyecto.

V


El artículo tercero modifica la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles mediante siete apartados.

En concreto, se modifica el artículo 4 para ampliar a treinta días naturales el plazo de duración del efecto suspensivo de la mediación, dejando un mayor margen para que se haga efectivo su intento, y se establece que, cuando la misma sea presupuesto necesario para la admisión de la demanda, la reanudación de los plazos se contará desde que el mediador extienda el acta de la conclusión del proceso de mediación.

En el artículo 6 se mantiene la voluntariedad de la mediación, si bien, además de señalar las materias respecto de las que se obliga a las partes a intentarla con carácter previo a la vía judicial, se establece que esta exigencia comprende la celebración ante el mediador de una sesión informativa y una sesión exploratoria del conflicto que podrán, no obstante, realizarse en un solo acto, y que deberá haberse efectuado dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la demanda. Asimismo, se impone la asistencia personal de las partes y, en el caso de las personas jurídicas, de su representante legal o persona con poder para transigir.

Como garantía de la especial cualificación del mediador en las materias objeto de la reforma, en el artículo 11 se añade un apartado 4 para exigir la inscripción en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación dependiente del Ministerio de Justicia o, en su caso, en los registros de mediadores habilitados por las Comunidades Autónomas, a aquellos mediadores que intervengan en los supuestos para los que la reforma ha introducido la exigencia del intento de mediación así como en los relativos a la derivación judicial. 

VI


En la parte final destaca la creación de un Comisión de Seguimiento del Impulso de la Mediación, como observatorio encargado de analizar la aplicación de las nuevas medidas y sus repercusiones jurídicas y económicas, en particular su grado de efectividad en cuanto a la promoción de la mediación y el correlativo  desahogo de la carga de litigios pendientes. En efecto, es importante comprobar la medida en que la presente norma ha conseguido el objetivo de impulso buscado, de cara a evaluar las modificaciones que, en su caso, sean pertinentes, para lo que la creación de un órgano colegiado de seguimiento, con presencia de los distintos actores concernidos resulta una herramienta imprescindible.

Crear comisiones de seguimiento es una forma de retrasar las soluciones de los problemas identificados.  La propia Ley podría dejar regulada la incorporación de los tipos de procedimientos en los que se ha utilizado la Mediación en la estadística judicial trimestral con parámetros que permitan evaluar. Por esta cuestión es importante que se puedan solicitar mediaciones a los órganos judiciales y que las derivaciones puedan estar identificadas como piezas separadas, para que las cuantificaciones en los sistemas de gestión procesal de las distintas comunidades autónomas puedan obtenerse como un parámetro más incorporado a la estadística trimestral.

Asociar el grado de efectividad de la imbricación de la Mediación en la sociedad española  al correlativo desahogo de la carga de litigios pendientes es un error manifiesto.

Con la Mediación siempre se gana, la simple cita a una mediación ya produce efectos positivos en las personas, la participación en estas también, incluso los acuerdos intentados llevan a los sentenciados a entender mejor su sentencia.

La Mediación debe estar presente como sistema de resolución de conflictos dentro y fuera del sistema judicial, con independencia de su utilidad para reducir litigios o no.

La Ley impulsora de la Mediación no puede seguir abundando en esta idea falaz y si debería aprovechar para mostrar el lado didáctico de la publicación de normas aclaratorias y ordenadoras de un sistema.

Más que una Comisión de seguimiento se debería crear un cuerpo de auditores que velara por la promoción de Buenas prácticas en materia de Mediación.

Por último, se considera necesario incorporar un largo periodo de vacatio legis, de tres años, con varios objetivos, entre ellos permitir la máxima difusión de las reformas que se introducen, dejar margen temporal para la adaptación reglamentaria necesaria y, sobre todo, fomentar la presencia de mediadores en todos los partidos judiciales.

Vacatio legis, de tres años. Este largo periodo de tres años genera bastante desconcierto entre los que estaban esperando que los Poderes del Estado regularan definitivamente la implantación de la Mediación. Impulsar la Mediación con este plazo suena a contradictorio, no puede mantenerse un espíritu impulsor para después desplazar los efectos a tres años vista desde su aprobación. Definitivamente este dato pone de manifiesto la falta de voluntad del Gobierno que tiene previsto aprobar el presente anteproyecto.

 la presencia de mediadores en todos los partidos judiciales. En la actualidad los Colegios de Abogados y de Procuradores tienen entre sus colegiados mediadores en todos los partidos judiciales. Posiblemente otros colectivos colegiados también los tengan. En el momento que se crearan los colegios de mediadores quedarían garantizados los servicios públicos de mediación a los demandantes de Justicia Gratuita.

Artículo primero. Modificación de la  Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
 La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita queda redactada como sigue:
 Uno. Se añade un nuevo número 11 al artículo 6 con la siguiente redacción:

«11. La intervención del mediador cuando la misma sea presupuesto procesal para la admisión de la demanda o resulte de la derivación judicial.»
  
            En la exposición de motivos en el apartado III se consignaba:

Pareciera que se dan tres opciones, que en el articulado específico son dos.
Opten por:

1. La mediación para la resolución del conflicto, 
2. La mediación sea presupuesto procesal para la admisión de la demanda.
3. La mediación resulte de la derivación judicial.

La primera se ha quedado fuera.  

Expresamente se mencionará:

 "11. La intervención del mediador cuando la misma sea presupuesto procesal para la admisión de la demanda (opción dos de la exposición de motivos) o resulte de la derivación judicial (opción tres de la exposición de motivos)"

Se regulará la creación del Consejo Superior de Colegios de Mediadores para que por cada circunscripción pueda existir, al menos un Colegio de Mediadores que garantice el servicio público que pueda ofrecer Mediadores para todos los solicitantes de su derecho de asistencia gratuita



Artículo segundo. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 5 del artículo 32, que queda redactado como sigue:

«5. Cuando la intervención de abogado y procurador no sea preceptiva, de la eventual condena en costas de la parte contraria a la que se hubiese servido de dichos profesionales se excluirán los derechos y honorarios devengados por los mismos, salvo en alguno de los siguientes supuestos:

1º Que el tribunal aprecie en sentencia la temeridad en la conducta del condenado en costas.
A estos efectos, se considerará litigación temeraria la del demandado vencido en juicio que, en relación con un acto de consumo, no hubiera dado respuesta motivada, en el plazo de sesenta días, al consumidor que le hubiera dirigido reclamación previa al proceso que esté suficientemente acreditada.

2º Que el domicilio de la parte representada y defendida esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio, en cuyo caso operarán las limitaciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 de esta ley.

Que la parte no haya acudido a un intento de mediación, en los casos y en la forma previstos legalmente, dirigida a resolver la controversia a través de la mediación, sin que conste causa justa que se lo hubiese impedido.

Se excluirán, en todos los casos, los derechos devengados por el procurador como consecuencia de aquellas actuaciones de carácter meramente facultativo que hubieran podido ser practicadas por la Oficina judicial.»

Ya se ha dejado plasmada la idea de que no se debe fomentar la mediación sancionando económicamente al que no la acepte. Se deben ofrecer ventajas y beneficios a los que la usen. 

Dos. Se da nueva redacción al artículo 266, que queda redactado como sigue:

«Se habrán de acompañar a la demanda:

1º. La certificación o copia simple del acta levantada por el mediador en la que necesariamente se hará constar, además de los extremos previstos en la legislación sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles, las circunstancias en que tuvo lugar la convocatoria de las partes interesadas o, en su caso, la falta de justificación a la inasistencia de las partes, en los casos en que ésta deba ser preceptivamente intentada con carácter previo a la presentación de la demanda.

Se dejó expresada en la exposición de motivos la inadecuación de este sistema.

2. º Los documentos que justifiquen cumplidamente el título en cuya virtud se piden alimentos, cuando éste sea el objeto de la demanda.

3º Los documentos que constituyan un principio de prueba del título en que se funden las demandas de retracto y, cuando la consignación del precio se exija por ley o por contrato, el documento que acredite haber consignado, si fuere conocido, el precio de la cosa objeto de retracto o haberse constituido caución que garantice la consignación en cuanto el precio se conociere.

4.º El documento en que conste fehacientemente la sucesión mortis causa en favor del demandante, así como la relación de los testigos que puedan declarar sobre la ausencia de poseedor a título de dueño o usufructuario, cuando se pretenda que el tribunal ponga al demandante en posesión de unos bienes que se afirme haber adquirido en virtud de aquella sucesión.

5. º Aquellos otros documentos que esta u otra ley exija expresamente para la admisión de la demanda.»

Tres. Se añade un apartado 4 al artículo 283 con la siguiente redacción:

«4. Los documentos que formen parte de la negociación desarrollada en el seno de un procedimiento de mediación están sujetos a confidencialidad de conformidad con lo dispuesto en las leyes, y en ningún  caso podrán constituir fuentes de prueba del posterior proceso. Se exceptúa el contenido del acta normalizada de las sesiones que emita el mediador a los efectos previstos legalmente.»

Fuentes de indicios y de prueba, estableciendo un régimen sancionador para la parte que los invoque.

Cuatro. Se añade un tercer párrafo al apartado 1 del artículo 394 con la siguiente redacción: 

«No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, no habrá pronunciamiento de costas a favor de aquella parte que no hubiere acudido, sin causa que lo justifique, a un intento de mediación cuando fuera legalmente preceptivo o así lo hubiera acordado el tribunal durante el proceso.»

Igualmente no se puede fomentar la Mediación castigando a los que no crean que la necesitan, se deben usar sistemas de estímulo, ventajas y beneficios.

Cinco. Se añade un Capítulo IX al Título I del Libro II de la LEC con la siguiente rúbrica y contenido:

«CAPÍTULO IX 

De la mediación intrajudicial


Artículo 398 bis. De la derivación a un procedimiento de mediación durante la primera instancia de los procesos declarativos.
1.                          Siempre que no se haya intentado con carácter previo al proceso, el tribunal que conozca de la primera instancia podrá acordar la derivación a un procedimiento de mediación cualesquier tipos de asuntos civiles o mercantiles, cuando considere que, por sus características, pueden ser susceptibles de ser resueltos por esa vía, salvo que afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable.
2.             En los casos en que el tribunal acuerde la derivación, se procederá conforme a las siguientes reglas:
1ª. La derivación se ordenará mediante providencia, bien tras la contestación de la demanda, bien al finalizar el acto de la audiencia previa en el juicio ordinario o al inicio de la vista en el verbal. 
La derivación también debería poder ser resuelta por el Letrado de la Administración de Justicia desde que tiene noticias del escrito que sustenta la demanda como asunto iniciador, minutando la derivación.
Cuanto antes se realiza la derivación más eficiente es, demorar la derivación cuando las actuaciones judiciales están conclusas pendientes de vista, supone un gravamen interesada en el impulso del proceso.
2ª. La derivación no suspenderá el curso del proceso, salvo que ambas partes lo solicitaran de conformidad con lo establecido en esta ley para dichos supuestos.
La derivación debería generar una pieza separada y notificada al mediador por Lexnet y abogados para que no se solapen acontecimientos y para mayor control estadístico.
3ª. En la resolución por la que el tribunal acuerde la derivación, habrá de advertirse a las partes de las consecuencias que, a efectos de costas, pudieran seguirse al incumplimiento de intento de mediación, que resulta preceptivo a raíz de la derivación.

Ya se ha expresado la idea de que no se debe penalizar, todo lo contrario se deben comunicar los beneficios y ventajas.

4ª. Al tiempo de ordenar la derivación a un procedimiento de mediación, el tribunal procederá a designar al mediador conforme al procedimiento regulado en la legislación de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
El procedimiento mencionado regulado en la legislación está por definir, se debería definir en esta nueva regulación. Si se hiciera por Lexnet a colegios de mediadores se turnaría con el mismo rigos que cuando se turna procurador y abogado. 
5ª. El tribunal podrá en cualquier momento citar a las partes para que asistan personalmente a una comparecencia a fin de preparar la derivación a un procedimiento de mediación. La inasistencia a dicho acto sin causa que la justifique podrá tener las consecuencias previstas en el apartado 3 del artículo 247 de la presente ley.

La inasistencia a una comparecencia para preparar la derivación debe ser ofrecida con ventajas y beneficios no con gravámenes.

Artículo 398 ter. De la derivación a un procedimiento de mediación durante la segunda instancia de los procesos declarativos.
1.             El tribunal únicamente podrá acordar una derivación durante la segunda instancia cuando no se hubiese acordado ya en la primera. La derivación podrá acordarse por providencia desde el momento en que se reciban los autos en el tribunal, y tendrá que fundarse en circunstancias objetivas que hagan previsible la posibilidad de llegar a un acuerdo en la mediación.
En realidad no hay motivos por los que no pueda pensarse que pueda llegarse a un acuerdo en la segunda instancia, se debería poder reenviar nuevamente.
La derivación también debería poder acordarse por resolución del Letrado de la Administración de Justicia.
2.             En los casos de derivación, solo se suspenderá la tramitación del recurso cuando el procedimiento de mediación no haya concluido y aquél se encuentre pendiente de señalamiento de vista o de fecha para la deliberación, votación y fallo.
El plazo de suspensión será de un mes, prorrogable por iguales periodos a instancia de ambas partes, por un plazo máximo de tres meses.»
Seis. Se añade un segundo párrafo al apartado 3 del artículo 399:
 «Asimismo, se describirá la forma en que se desarrolló el procedimiento de mediación en aquellos supuestos en que el intento de mediación constituye requisito para la admisión de la demanda, con indicación de las actas y documentos que se aporten para justificar este requisito.» 

Ya se ha expresado de la inadecuación de requerir un intento de mediación para la admisión de la demanda.

Siete. Se modifica el apartado 2 del artículo 403, que queda redactado como sigue:

«2. No se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquéllas o no se hayan intentado mediaciones, conciliaciones o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales.»

Ya se ha expresado de la inadecuación de requerir un intento de mediación para la admisión de la demanda

Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 443, que queda redactado como sigue:

«1. Comparecidas las partes, el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si subsiste el litigio entre ellas.

Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado. El acuerdo homologado judicialmente surtirá los efectos atribuidos por la ley a la transacción judicial y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Dicho acuerdo podrá impugnarse por las causas y en la forma que se prevén para la transacción judicial.

Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 19, para someterse a mediación. En este caso, el tribunal examinará previamente la concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes debidamente acreditados, que asistan al acto. De igual modo, el tribunal podrá ordenar la derivación de la controversia a un procedimiento de mediación, en los términos establecidos en el artículo 398 bis de la presente ley.

Cuando se hubiera suspendido el proceso por petición de ambas partes para acudir a mediación, terminada esta sin acuerdo, cualquiera de los litigantes podrá solicitar que se alce la suspensión y se señale fecha para la continuación de la vista. En el caso de haberse alcanzado en la mediación acuerdo entre las partes, éstas deberán comunicarlo al tribunal para que decrete el archivo del procedimiento, sin perjuicio de solicitar previamente su homologación judicial.»

Nueve. Se añade un párrafo tercero al apartado 2 del artículo 539, con el siguiente contenido:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, no existirá pronunciamiento de costas a favor de aquel litigante que no hubiere acudido, sin causa que lo justifique, a un intento de mediación cuando fuera legalmente preceptivo o así lo hubiera acordado el tribunal durante el proceso.»

 Se reitera la inadecuación de penalizar a los detractores de la mediación, el camino es ofrecer ventajas y beneficios.

Diez. Se introduce un párrafo segundo en el apartado 1 del artículo 681, con el siguiente contenido:
«El intento de mediación será requisito necesario para el ejercicio de la acción para exigir el pago de deudas garantizadas por hipoteca constituida sobre un bien inmueble que constituya la vivienda habitual del deudor o de su familia.»

Once. Se modifica el apartado 2 del artículo 685, que queda redactado como sigue:

«2. A la demanda se acompañarán el título o títulos de crédito, revestidos de los requisitos que esta Ley exige para el despacho de la ejecución, así como los demás documentos a que se refieren el artículo 550 y, en sus respectivos casos, los artículos 573 y 574 de la presente Ley.

En caso de ejecución sobre bienes hipotecados o sobre bienes en régimen de prenda sin desplazamiento, si no pudiese presentarse el título inscrito, deberá acompañarse con el que se presente certificación del Registro que acredite la inscripción y subsistencia de la hipoteca.

En las ejecuciones de hipotecas sobre bienes inmuebles que constituyan la vivienda del ejecutado o de su familia, también se acompañará a la demanda el certificado de haber acudido a un intento de mediación.»

           Doce. Se cambia la rúbrica al precepto y se añade un párrafo segundo al apartado 1 del artículo 686 con la siguiente redacción:

«Artículo 686. Despacho de la ejecución y requerimiento de pago.

En el caso de acción de ejecución hipotecaria sobre bien inmueble que constituya vivienda habitual del deudor o de su familia, no se despachará ejecución si no se hubiera acreditado el intento de mediación previo a la presentación de la demanda.»

Trece. Se modifica el artículo 722, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 722. Medidas cautelares en procedimientos de mediación, arbitrales y litigios extranjeros.

Podrá pedir al tribunal medidas cautelares quien acredite ser parte de un pacto de mediación o de un convenio arbitral con anterioridad a las actuaciones de la mediación o arbitrales. También podrá pedirlas quien acredite ser parte de un proceso de mediación o arbitral pendiente en España; o, en su caso, haber pedido la formalización judicial a que se refiere el artículo 15 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje; o en el supuesto de un arbitraje institucional, haber presentado la debida solicitud o encargo a la institución correspondiente según su Reglamento.

Sin perjuicio de las reglas especiales previstas en los Tratados y Convenios o en las normas de Derecho europeo que sean de aplicación, también se podrá solicitar de un tribunal español por quien  acredite ser parte de un proceso jurisdiccional, de mediación o arbitral que se siga en un país extranjero la adopción de medidas cautelares si se dan los presupuestos legalmente previstos salvo en los casos en que para conocer del asunto principal fuesen exclusivamente competentes los tribunales españoles.»

 Catorce. Se modifica el artículo 724, que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 724. Competencia en casos especiales.

Cuando las medidas cautelares se soliciten estando pendiente un proceso de mediación o arbitral o la formalización judicial del arbitraje, será tribunal competente el del lugar en que el acuerdo de mediación o el laudo deba ser ejecutado, y, en su defecto, el del lugar donde las medidas deban producir su eficacia.

Lo mismo se observará cuando el proceso se siga ante un tribunal extranjero, salvo lo que prevean los Tratados.»

Quince. Se añade un párrafo tercero al apartado 2 del artículo 730 con la siguiente redacción:
«Cuando las medidas cautelares se hubieren acordado estando en trámite un procedimiento de mediación, se entenderán alzadas por el acuerdo alcanzado por las partes; y en defecto de acuerdo, quedarán sin efecto si no se presenta demanda ante el tribunal competente en el plazo de veinte días desde la finalización del procedimiento de mediación, o si en el mismo plazo no se inicia un procedimiento arbitral, comunicándolo así al tribunal.»
Dieciséis. Se modifica la regla 1ª del artículo 770, que queda redactada como sigue:
«1ª. A la demanda deberá acompañarse la documentación acreditativa del intento de mediación en los casos en que éste sea preceptivo según esta ley, certificación de la inscripción del matrimonio, y en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como los documentos en que el cónyuge funde su derecho. Si se solicitan medidas de carácter patrimonial, el actor deberá aportar los documentos de que disponga que permitan evaluar la situación económica de los cónyuges, y en su caso, de los hijos tales como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales.»

Diecisiete. Se añade un apartado 2 al artículo 776 con la siguiente redacción:

«2. En estos casos de ejecución forzosa de pronunciamientos sobre medidas, el tribunal podrá derivar a mediación la controversia en el auto en que ordene el despacho de la ejecución. Mientras la  mediación se desarrolle, la tramitación de la ejecución quedará en suspenso por el plazo de un mes, prorrogable por plazos iguales a petición de cualquiera de las partes hasta un máximo de tres.».


Artículo tercero. Modificación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles queda como sigue:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 4, que queda redactado como sigue:

«1. La solicitud de inicio de la mediación conforme al artículo 16 suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación en su caso. 

2.             Si en el plazo de treinta días naturales a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación no se firmara el acta de la sesión constitutiva prevista en el artículo 19, se reanudará el cómputo de los plazos.

3.             Cuando, según la ley, el intento de mediación sea presupuesto necesario para la admisión de la demanda, la reanudación de los plazos tendrá lugar desde que el mediador haya extendido el acta de conclusión del proceso de mediación. 

4.             La suspensión se prolongará hasta la fecha de la firma del acuerdo de mediación o, en su defecto, la firma del acta final, o cuando se produzca la terminación de la mediación por alguna de las causas previstas en esta ley.»

Dos. Se modifica el apartado primero del artículo 6, que queda redactado como sigue:

«1. La mediación es voluntaria. No obstante, los interesados estarán obligados a intentarla con carácter previo al inicio de un proceso declarativo en los siguientes casos: 

a)                           Medidas que se adopten con ocasión de la declaración de nulidad del matrimonio, separación, divorcio o las relativas a la guarda y custodia de los hijos menores o alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores, así como aquellas que pretendan la modificación de las medidas adoptadas con anterioridad.
b)            Responsabilidad por negligencia profesional.
c)            Sucesiones.
d)            División judicial de patrimonios.
e)            Conflictos entre socios y/o con los órganos de administración de las sociedades mercantiles.
f)              Reclamaciones en materia de responsabilidad extracontractual que no traigan causa de un hecho de la circulación. 
g)            Alimentos entre parientes.
h)            Propiedad horizontal y comunidades de bienes.
i)               Derechos reales sobre cosa ajena.
j)               Contratos de distribución, agencia, franquicia, suministro de bienes y servicios siempre que hayan sido objeto de negociación individual.
k)             Reclamaciones de cantidad inferiores a 2.000 euros entre personas físicas cuando no traigan causa de un acto de consumo.
l)               Defectos constructivos derivados de un contrato de arrendamiento de obra.
m)          Protección de los derechos al honor, intimidad o la propia imagen.
n)            Procesos arrendaticios que hayan de ventilarse por los cauces del juicio ordinario.
A los efectos de esta ley y la legislación procesal, se entenderá por intento de mediación, al menos, la celebración ante el mediador de una sesión informativa y una sesión exploratoria, que podrán haberse celebrado en un único acto, y haberse efectuado dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la demanda. A dicha sesión habrán de asistir las partes, personalmente si se trata de personas físicas, y el representante legal o persona con poder para transigir, si se trata de personas jurídicas.

Tres. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 11 con el siguiente contenido:

«4. Para actuar como mediador en los supuestos exigidos en el artículo 6.1 así como en los de mediación por derivación judicial, será necesaria la inscripción en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación dependiente del Ministerio de Justicia o, en su caso, en los registros de mediadores habilitados por las Comunidades Autónomas.»

Cuatro. Se añade una nueva letra c) al apartado 1 del artículo 16 y se añade un nuevo apartado 4 con la siguiente redacción: 

«c) Por decisión judicial en los casos previstos por la legislación procesal.»

«4. En los casos en que el intento de mediación sea requisito para la admisión de la demanda, quien pretenda formular demanda designará bien directamente, bien a través de una institución de mediación, al mediador o mediadores de los que figuren inscritos en el Registro de Mediadores dependiente del Ministerio de Justicia o de las Comunidades Autónomas con las que existan suscritos los correspondientes acuerdos o convenios de colaboración. 

Si la parte contraria no aceptase el mediador así designado, y no hubiese acuerdo sobre su nombramiento, se procederá a la designación de manera aleatoria de un titular y un suplente por parte del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación por un procedimiento a través de medios electrónicos que permita la selección entre los mediadores inscritos cuya cualificación sea apropiada en función de la naturaleza del conflicto. Este procedimiento se desarrollará mediante real decreto. 

Tratándose de una derivación judicial, el tribunal concederá a las partes un plazo común de cinco días a fin de designar un mediador o institución de mediación de mutuo acuerdo, procediendo en caso contrario en la forma prevista en el párrafo anterior.

En todos los casos, la no aceptación por el mediador designado en primer lugar, salvo que sea justificada, se entenderá como renuncia automática a la designación efectuada, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en que pueda incurrir por razón de dicha negativa.»

Estas materias deberías regularse desde la existencia de Colegios de Mediadores que ofrecerían este servicio público con total pulcritud e inmediatez.

Cinco. Se da una nueva redacción al artículo 17, que queda redactado como sigue:

«1. Recibida la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, el mediador citará a las partes para la celebración de la sesión informativa y, en su caso, la sesión exploratoria. En caso de inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a la misma se entenderá que desisten de la mediación solicitada.

La información de qué parte o partes no asistieron a la sesión no será confidencial.

Esta información sería útil cuando la sesión fuera voluntaria, cuando es obligatoria y no se asiste puede significar rotundidad en las ventajas en la demanda. 

Cuando el intento de mediación sea trámite procedimental para la admisión de la demanda o cuando sea consecuencia de una derivación judicial, en la citación que se curse a las partes, el mediador habrá de informar con claridad y precisión a los interesados de las consecuencias procesales que la inasistencia injustificada a la sesión informativa y, en su caso, exploratoria, o un comportamiento contrario a la buena fe puede tener en el procedimiento judicial al que la mediación se halla vinculada. En estos casos, la confidencialidad de esta primera fase inicial del proceso no alcanzará a las causas de la inasistencia de las partes.

El mediador es un profesional neutral e imparcial, no puede convertirse en árbitro evaluador de conductas con repercusiones económicas. No le corresponde informar sobre consecuencias procesales, esta parte debería se advertida o por su letrado o por el órgano judicial.

2.             En la sesión informativa el mediador comunicará a las partes las posibles causas que puedan afectar a su imparcialidad, su profesión, formación y experiencia, así como las características de la mediación, su coste, la organización del procedimiento, las consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar, y el plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva.
 Explicar consecuencias jurídicas del acuerdo no es tarea del mediador, esta tarea debe ser explicada por los respectivos letrados de las partes.
3.             Las instituciones de mediación podrán organizar sesiones informativas abiertas para aquellas personas que pudieran estar interesadas en acudir a este sistema de resolución de controversias, que en ningún caso sustituirán a la información prevista en los apartados anteriores.»

Los órganos judiciales podrán organizar sesiones informativas abiertas regularmente para intervinientes en procesos judiciales y para personal de la Administración de Justicia y otros colectivos.

Seis. Se modifica el artículo 20, que queda redactado como sigue:
«1. La duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible y sus actuaciones se concentrarán en el mínimo número de sesiones.
2. En los casos en que la ley exige el intento de mediación como presupuesto de admisibilidad del proceso, la duración de la mediación no podrá exceder de tres meses desde la recepción de la solicitud por el mediador. En cualquier caso, una vez celebrado el intento de mediación, los interesados podrán interponer la demanda declarativa, con independencia del estado en que la mediación se encuentre.»

Siete. Se añade un nuevo párrafo al apartado 3 del artículo 22 con la siguiente redacción:

«Cuando el intento de mediación sea presupuesto procesal para la admisión de la demanda, o cuando sea consecuencia de una derivación judicial, el acta final deberá hacer constar si aquél no pudo llevarse a cabo por inasistencia injustificada de alguna de las partes y, en su caso, las causas de la inasistencia.»

Disposición adicional primera. Comisión de Seguimiento del Impulso de la Mediación.

1.             Mediante real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Justicia, se creará una Comisión de Seguimiento del Impulso de la Mediación en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, con el objeto de analizar la aplicación de las nuevas medidas, su puesta en marcha y sus repercusiones jurídicas y económicas. En la composición de la Comisión participarán, entre otros, además de representantes del Ministerio de Justicia, las asociaciones de mediadores y los Colegios profesionales que cuenten con servicios de mediación.

2.             Además de las consultas y sugerencias que evacue desde su creación, dicha Comisión deberá emitir en el plazo máximo de cinco años, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, un informe  razonado que incluya el análisis mencionado en el apartado anterior y sugerencias para la mejora del
sistema. 

Disposición adicional segunda. Inclusión de la mediación en planes formativos.
En el plazo de un año desde la publicación de esta ley se llevarán a cabo las reformas precisas para modificar los planes formativos del grado en Derecho y otros grados que se determinen por acuerdo del Consejo de Ministros para incluir la mediación como asignatura obligatoria.
Disposición adicional tercera. Estadística
Los mediadores remitirán al Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación la información sobre su actividad que se establezca reglamentariamente, a los únicos efectos de elaboración de una estadística del sector de la mediación. 

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
Las previsiones recogidas por la presente ley serán aplicables exclusivamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor.

Disposición final primera. Título competencial
Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal y civil, establecida en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los tres años de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Hasta aquí el Anteproyecto y las observaciones. Realmente se podría escribir y escribir de cada propuesta e incorporar cuestiones que transversalmente afectan a la práctica totalidad de Ministerios. 

Se agradece nuevamente a la Asociación de Mediadores de Madrid el interés mostrado y la divulgación que han hecho del Anteproyecto. Les animamos a seguir trabajando y desde aquí les ofrecemos nuestra colaboración. 

En Mediación queda mucho por hacer, si el Gobierno quiere, tiene una magnífica oportunidad de implantar integralmente la Mediación, esperemos que puedan ser conscientes del momento y decidan ampliar el espectro de reformas pendientes.