.
.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Colegio de Abogados de Valladolid han sumado esfuerzos para poner en marcha en esta provincia un proyecto pionero de mediación familiar en el ámbito judicial, que persigue resolver los conflictos entre las partes de forma «menos costosa, más eficaz y humanitariamente más grato y favorable» evitando en la medida de lo posible las ejecuciones forzosas.
Castilla y León cuenta desde 2006 con una Ley de Mediación Familiar y desde entonces se han sumado al Registro de Mediadores Familiares un total de 168 profesionales (licenciados en Derecho, Psicología, Psicopedagogía y Trabajo Social) que han atendido cuestiones no judiciales relativas al régimen de visitas de los hijos en caso de separaciones, vivienda, pensiones, así como la guarda legal de los hijos. La novedad del convenio firmado ayer entre las tres instituciones es que se plantea la mediación familiar como un mecanismo de derivación al que se puede recurrir una vez iniciado el proceso contencioso o en cualquier fase del litigio, incluida la ejecución de la sentencia. Así lo explico ayer la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Uría, quien destacó que «Valladolid se convierte así en la primera ciudad que se está haciendo mediación familiar sin tener las competencias asumidas», sumándose este programa piloto a la mediación penal, que lleva aplicándose de forma experimental en la provincia desde 2009.
«Valor de sentencia»
El convenio suscrito contempla la aplicación del programa en los Juzgados de Primera Instancia números 3, 10 y 13 de Valladolid, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Medina de Rioseco y la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Según explicó Uría, el programa, que puede aplicarse «a todos los casos» que llegan a los juzgados siempre que las partes quieran, es especialmente útil «para aquellos supuestos en los que hay una relación que puede permanecer en el tiempo». Para ello será el juez quien apunte a las partes esta posibilidad si antes no lo ha hecho sus abogados y los acuerdos que se alcancen tendrán «valor de sentencia», ya que deberán ser validados por el propio magistrado. Según Uría, el proyecto pretende aligerar la carga de los órganos judiciales e impulsar la denominada justicia restaurativa, «ejes de las políticas del CGPJ. Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Jesús Verdugo, que destacó la importancia del acuerdo suscrito, abogó por el impulso de «una educación cívica» que permita «desjudicializar determinadas materias» para que determinados conflictos como los familiares «se dulcifiquen y no se tomen de manera trágica». En este sentido, el vocal del CGPJ en Castilla y León, Miguel Collado, defendió que la mediación debe formar parte de la justicia, cuya transformación tiene que pasar por la transformación de los procedimientos para que se convierta en una justicia «ágil y moderna».
Para la puesta en marcha de este proyecto piloto la Consejería de Familia aportará 12.000 euros, mientras que el Colegio de Abogados designará los equipos de mediadores y el CGPJ activará los mecanismos necesarios para implantar la mediación en los juzgados y tribunales.
Para difundir y llevar a cabo esta tarea se crearán equipos multidisciplinares compuestos por abogados y licenciados en Psicología o Trabajo Social y deberán estar inscritos en el Registro creado por la Junta.
Fuente de la información:
http://www.abc.es/20110303/comunidad-castillaleon/abcp-valladolid-estrena-programa-mediacion-20110303.html
